Fue durante la audiencia pública convocada para analizar una readecuación tarifaria. El organismo sostuvo una firme postura en defensa de los usuarios, cuestionó la falta de fundamentos por parte de las empresas y solicitó además que cualquier actualización tarifaria respete criterios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor participó de la audiencia pública convocada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) para debatir la propuesta de recomposición tarifaria del servicio de transporte interurbano de pasajeros que opera en el interior de la provincia.
El encuentro se desarrolló en el salón municipal de La Viña y fue encabezado por el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris. Durante la jornada, representantes de las empresas San Antonio de Sucesión Vilte y Transportadora Fénix S.R.L. fundamentaron un pedido de incremento tarifario del 40%, argumentando el aumento de costos vinculados al combustible, salarios y repuestos necesarios para la prestación del servicio. También participaron representantes de las firmas La Veloz del Norte y Flecha Bus.
En representación de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor expuso Hugo Ignacio Campos, jefe del Programa Legal y Técnica del organismo, quien planteó una serie de observaciones respecto de la solicitud empresaria y remarcó la necesidad de priorizar los derechos de los usuarios del transporte público.
Durante su intervención, Campos señaló que la mera invocación de índices sectoriales resulta insuficiente para justificar una suba tarifaria de la magnitud solicitada, al advertir que no se acreditó de manera concreta cómo los incrementos de costos impactan en la situación económica de las empresas ni se presentaron elementos que permitan evaluar niveles actuales de rentabilidad, evolución de ingresos, reducción de gastos operativos o planes de inversión específicos.
Asimismo, destacó que el transporte público constituye un servicio esencial para miles de trabajadores, estudiantes y jubilados del interior provincial, por lo que los mayores costos de operación no pueden trasladarse íntegramente a los usuarios sin considerar el contexto económico que atraviesan las familias salteñas.
“Desde la Subsecretaría entendemos que cualquier actualización tarifaria debe estar acompañada por compromisos concretos de inversión, mejoras en la calidad del servicio, renovación de unidades y ampliación de la cobertura. La rentabilidad empresarial es importante, pero nunca puede desvincularse del interés público ni del derecho de los usuarios a acceder a un transporte seguro, eficiente y económicamente accesible”, expresó Campos.