Durante la audiencia pública convocada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), la Secretaría de Defensa del Consumidor participó de manera formal y expresó observaciones y reparos respecto al cuadro de reajuste tarifario propuesto por la empresa estatal SAETA.
En el marco de la audiencia pública organizada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), la Secretaría de Defensa del Consumidor tomó parte del proceso formal de consulta ciudadana, expresando su posición respecto del pedido de incremento tarifario presentado por SAETA.
En representación de la Secretaría estuvo presente Hugo Ignacio Campos, jefe del programa de Legal y Técnica del organismo, quien trasladó la postura institucional basada en aspectos técnicos y normativos.
Durante su intervención, se señaló que existen dos presentaciones de pedido de aumento realizadas por la empresa: una correspondiente a la primera quincena de abril, por un valor de $1.138, que cuenta con dictamen de AMT, y otra posterior, del 25 de abril, por un valor de $1.200, que aún no cuenta con dictamen técnico. En ese sentido, se planteó que solo corresponde el tratamiento de la primera solicitud, en tanto la segunda no cumple con los requisitos procedimentales vigentes.
Asimismo, se expresaron observaciones vinculadas al principio de gradualidad en los aumentos tarifarios, teniendo en cuenta el impacto que cualquier modificación puede generar en la economía de los usuarios, tratándose de un servicio público esencial como es el transporte urbano.
Desde la Secretaría se hizo especial mención a la necesidad de respetar los derechos de los usuarios establecidos en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, particularmente el derecho a recibir información clara, cierta, detallada y veraz, tal como lo establece el artículo 4 de dicha norma, en consonancia con el artículo 48 de la Constitución Nacional y el artículo 38 de la Constitución Provincial.
Por último, se recordó que si bien la audiencia pública no tiene carácter vinculante, se solicitó a la AMT que considere los aspectos planteados en la evaluación final del pedido, resguardando siempre el equilibrio entre la sostenibilidad del sistema de transporte y los derechos de los consumidores.